Resumen: Actor y demandado celebraron un contrato de arrendamiento de un local de negocio dedicado a la hostelería el 1 de junio de 2017, con una duración prevista de 20 años y una renta inicial de 26.400 euros anuales más IVA. En la demanda presentada el 17 de febrero de 2021 se pedía una reducción de la renta en un 50 por ciento y la exoneración de la obligación de constituir un aval que debía contratarse a partir del tercer año de la celebración del contrato. El Juzgado y la Audiencia desestiman la demanda considerando que la reducción debía hacerse en los plazos establecido en los RDL 15/2020 de 21 de abril y 35/2020 de 22 de diciembre. Esas fechas eran el 23 de mayo de 2020, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del primero, y el 31 de enero de 2021, en el caso del segundo. Como quiera que la demanda se formuló el 17 de febrero de 2021, es claro que ambas fechas estaban completamente superadas, por lo que el demandante carecía de acción para interesar una reducción de la renta contractual.
Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que decidía sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, considerando que existió un funcionamiento anormal del servicio, ya que se acredita que hubiere una infracción de lex artis a la que imputar el resultado dañoso invocado con motivo de la atención recibida en un centro sanitario de la órbita de la administración demandada donde se le practico un cirugía oral.
Resumen: Se pretende demanda y estima derecho actor se le ofrezca posibilidad de incrementar jornada en determinadas campañas no habiéndosele concedido en base su militancia sindical e indemnidad. Empresa no ha justificado medida en comparación otros trabajadores. En definitiva, habiéndose acreditado por el actor los indicios de vulneración de derechos fundamentales, de libertad sindical y garantía de indemnidad y al no haber acreditado la empresa demandada justificación objetiva y razonable de su decisión de no acceder a las solicitudes de ampliación de temporal de jornada solicitada por el trabajador en campañas comerciales, en definitiva no existiendo una prueba de una justificación del trato diferenciado al actor, traducido en la negativa a acceder a ampliaciones temporales de jornada, la sala considera acreditada la vulneración de derechos fundamentales anteriormente indicada.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
